martes, 24 de enero de 2012

Valcárcel insiste en pedir a Interior las comisarías de Caravaca y Torre Pacheco

A. N. | MURCIA.La verdad.Cerca de hora y media duró la reunión que mantuvieron ayer el nuevo ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel. En este primer diálogo, al que también asistieron el consejero de Presidencia, Manuel Campos, y el subsecretario de Interior, Luis Aguilera, se abordó, entre otros asuntos, la labor realizada en Lorca tras los terremotos del 11 de mayo. El Ejecutivo regional pretende que los gastos derivados de la seguridad en el campamento de Torrecilla, que ascienden a cerca de un millón de euros, los asuma el Estado.
Fuentes de la Comunidad Autónoma explicaron ayer que se habían abierto «cauces de diálogo» para abordar la situación de Lorca y que se puedan hacer una serie de inversiones desde este departamento. El consejero Campos será el encargado de mantener encuentros con el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y el subsecretario de Interior, Luis Aguilera, para comentar los proyectos en Lorca.
Éste no fue, sin embargo, el único asunto que se puso sobre la mesa. Valcárcel y Campos aprovecharon la reunión con Fernández Díaz para volver a insistir en la necesidad de comisarías en los municipios de Caravaca de la Cruz y Torre Pacheco, así como de una oficina de expedición de carnés de identidad en el Noroeste. En la reunión se abordó, asimismo, la propuesta del Ejecutivo regional de que los agentes de la Brigada de Delitos Medioambientales, adscritos a la Comunidad, puedan volver a ir armados.
Este diálogo entre el Ejecutivo central y el regional también sirvió para dar un impulso a un convenio que, según explicó el consejero Campos, se firmó en 2005, pero que estaba parado. Se trata de una integración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la central de llamadas del 112. De este modo, desgranó el consejero de Presidencia, los miembros de Policía y Guardia Civil podrían recibir llamadas y organizar las que afecten a la seguridad ciudadana. Además, se estudia un plan de coordinación de las bases de datos de las policías locales que podría ponerse a prueba, de forma pionera, en la Región.

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