El grupo se asoció con una empresa murciana para levantar 3.000 casas, pero el proyecto no salió adelante y los vecinos reclaman el dinero adelantado
La mercantil asegura que rompió su relación con Plantaciones del Sureste al entrar en quiebra
El proyecto Nature Caravaca de la Cruz , que preveía la construcción de 3.000 viviendas junto a un campo de golf diseñado por Severiano Ballesteros en la pedanía de Archivel, ha llegado a los juzgados, tal y como ayer publicaba el diario 'El Mundo'. La denuncia de una treintena de los cerca de mil afectados que, se calcula, dejó tras de sí este proyecto -que ahora se llama Archivel Golf Resort y sigue desarrollándose por otros promotores- ha llevado a la imputación, segun recoge el citado diario, de la cúpula de la empresa Llanera -que se desvinculó de la iniciativa antes de entrar en concurso de acreedores-, del Grupo Teresa y de la empresa agrícola murciana Plantaciones del Sureste S.L. por un presunto delito de estafa.
El proceso judicial derivado de esta ambiciosa promoción urbanística ya anda bastante avanzado. Tanto es así, que ya han prestado declaración -en calidad de imputados- en los juzgados valencianos algunos de los directivos de estas empresas. Concretamente el diario señala a Renán y Emilio Teresa, en nombre de Frugalitas SL, y los hermanos Abellaneda, propietarios de Plantaciones del Sureste SL. José Ramón Gallego, de Llanera, se sentará ante el instructor a comienzos del próximo año.
Las tres mercantiles se constituyeron en la sociedad Caravaca Nature Golf S.L. para ejecutar conjuntamente el desarrollo urbanístico de esa zona de la pedanía de Archivel. El proyecto empezó a llamar la atención de los clientes y éstos entregaron diversas cantidades -normalmente 15.000 euros- que aún no se les ha devuelto. Según recoge el citado diario, la compañía que alumbraron terminó en nada tras ser vendida a un tercero y ahora, recalca el escrito de la denuncia, nadie se hace responsable del dinero que entregaron esos compradores.
Caravaca Nature Golf se terminó vendiendo a un tercero, una empresa llamada Ciudad Progreso. Los compradores empezaron, entonces, a reclamar el dinero que habían depositado pero, según explica la denuncia, no recibieron ninguna respuesta. Fue entonces cuando alguno de los damnificados empezó a temerse lo peor y decidió poner su asunto en manos de su abogado. A lo largo de los meses siguientes llegaron a los juzgados valencianos otras muchas denuncias y actualmente hay cerca de una treintena de vecinos afectados que reclaman la devolución de los 15.000 euros que entregaron.
En declaraciones a 'El Mundo' Renán Teresa indicó que su sociedad «cumplió con sus obligaciones» hasta que vendieron las acciones. Desde Llanera explicaron que su relación terminó cuando se declararon en concurso de acreedores
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