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El centro de interpretación Molinos de Papel se quedó a medio construir. E.S. |
Con el conjunto de empresas Villegas, Trimtor y Guifersol (propiedad de José Manuel Villegas y hermanos, Fulgencio Belando –expresidente de FRECOM– y Miguel del Toro –presidente de la CROEM –) está el Consistorio caravaqueño en pleno litigio por el pago de casi 10 millones de euros por las obras realizadas.
Desde el Consistorio se intentó llegar a un acuerdo con la UTE , pero la crisis de la construcción ya había comenzado y les interesaba más abandonar el barco. Unas obras están sin ejecutar, como el nuevo estadio; otras ya están acabadas, como la piscina municipal, el jardín de la avenida de la Constitución , las pistas polideportivas de El Salvador y la renovación de un tramo de la Gran Vía. Otras quedaron a medio, como es el caso del centro de interpretación Molinos de Papel y el parque infantil de educación vial (ejecutado al 50% y paralizado por la aparición de restos arqueológicos). Como permuta de dicha obras, el Ayuntamiento entregaría los terrenos del actual campo de fútbol para la construcción de viviendas.
El juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Murcia se postulaba en su sentencia «no en firme» el pasado 27 de junio a favor de la UTE Caravaca , instando al Ayuntamiento al pago de casi 10 millones –sumando los intereses– en compensación por las obras realizadas. El fallo, sin embargo, otorgaba mayor cantidad económica que la solicitada inicialmente por los demandantes. El Consistorio caravaqueño recurrió el dictamen judicial ante el Tribunal Superior de Justicia, y en un tiempo récord, la vista y el fallo en firme tendrán lugar el viernes.
El primer edil, Domingo Aranda, ha manifestado en varias ocasiones que confía «plenamente» en la Justicia y que espera que «las alegaciones del Consistorio sean escuchadas en el recurso».
Cesión de participaciones
Once días después de conocer la sentencia, Construcciones Villegas, que tenía solicitado el concurso voluntario de acreedores, cedió su parte de la UTE Caravaca a Trimtor y Guifersol, cuando todavía tenía pleno control de la mercantil.
Si Trimtor y Guifersol no hubieran liquidado el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el Registro de lo Mercantil de Murcia, tendrían hasta el próximo 25 julio de 2012 para hacerlo, sin llegar a incurrir en sanción administrativa.
Tras conocerse la noticia, la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Caravaca se reunía de forma urgente y extraordinaria para realizar varias puntualizaciones, entre ellas que se solidarizan con los trabajadores y acreedores de las empresas que componen la UTE. Por otro lado, manifiestó «su repulsa ante cualquier maniobra tendente a privarlos de sus legítimos derechos».
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