El Ayuntamiento anima a la justicia a investigar el 'caso UTE Caravaca'

La Junta de Gobierno se solidariza con los acreedores de Villegas ante «cualquier maniobra tendente a privarles de sus legítimos derechos»

RICARDO FERNÁNDEZ / La verdad | La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 'animó' ayer «a los juzgados o tribunales competentes» para que investiguen las maniobras que Construcciones Villegas realizó el pasado verano, con el apoyo de las firmas Guifersol y Trimtor, con la finalidad de hurtar a los administradores de su concurso de acreedores el control de cuatro millones de euros, que deber integrar la denominada 'masa de la quiebra'.

La citada Junta de Gobierno se reunió ayer mañana, de manera extraordinaria, con el único fin de analizar las revelaciones realizadas por 'La Verdad' el pasado domingo sobre la UTE Caravaca, integrada por Villegas, Trimtor y Guifersol, y la forma en que los tres socios, José Manuel Villegas, Miguel del Toro y Fulgencio Belando, se habían puesto de acuerdo para que el primero cediera a los otros dos su parte del negocio, tanto las deudas como los beneficios. Respecto a las deudas, debía unos 2,3 millones a los bancos. Sobre los beneficios, la constructora tenía previsto recibir cuatro millones, de un total de doce millones que el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha sido condenado a abonar a la UTE por obras realizadas en el municipio.

Tal y como publicó este periódico, la cesión del 33% de Villegas a las otras dos empresas se hizo el 4 de agosto pasado, cuando la constructora ya había presentado solicitud de concurso voluntario de acreedores. Con esa decisión, lo que hacía era ceder su parte de beneficios a Del Toro y Belando y hurtar así sus cuatro millones al control de los administradores concursales.

En su reunión de ayer, la Junta de Gobierno redactó un acta en la que se evitaba pronunciarse sobre la «calificación legal» de tales hechos, que es algo que «corresponde a los juzgados o tribunales competentes», pero a la vez sus integrantes se mostraban convencidos de la justicia «sin duda alguna depurará las responsabilidades civiles, penales o administrativas a que hubiera lugar».

Un llamamiento en suma, más o menos explícito, para que las autoridades judiciales competentes investiguen el asunto.

Además expresaba su «más enérgica repulsa ante cualquier maniobra tendente a privar de sus legítimos derechos a trabajadores y acreedores de las empresas que componen la UTE Caravaca», con los que muestra su solidaridad.

«Desaforadas pretensiones»

La Junta de Gobierno dejó constancia además de que las obras que la UTE realizó en Caravaca de la Cruz, y por la que éste deberá pagarles doce millones de euros si la sentencia no es revocada en segunda instancia, «no se iniciaron exactamente por encargo del Ayuntamiento, sino en virtud de un contrato de permuta que, a cambio de dichas obras, otorgaba a esa UTE el aprovechamiento urbanístico de un terreno».

Seguidamente pone de manifiesto que si «ese contrato de permuta no se ha llevado a buen término es exclusivamente porque la UTE, sin duda a causa del cambio de las circunstancias económicas, ha decidido que ya no conviene a sus intereses».

Aunque el Consistorio tiende la mano a los integrantes de las empresas a solucionar el conflicto de manera amistosa, advierte de que existen «dos principios irrenunciables: el respecto a la naturaleza como contrato de permuta -esto es, a pagar con bienes municipales y no con dinero- y a la justa valoración de los trabajos realizados», pues considera que hasta ahora «el acuerdo no ha sido posible debido a las desaforadas pretensiones de la UTE, que valora los trabajos muy por encima de lo que establecen los informes técnicos y pretende repercutir cantidades que no se corresponden con las obras realizadas».